El caso Sunedu: Poder Judicial vs. Congreso

El caso Sunedu: Poder Judicial vs. Congreso

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El caso de Sunedu contra un proyecto de Ley del Congreso

El 19 de julio de 2022 el Segundo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por la Sunedu contra el Congreso de la República por el proyecto de ley que modificaba partes de la Ley Universitaria, referidas a las competencias e independencia de la Sunedu.

Este proceso judicial empezó en febrero de este año cuando se interpuso la demanda, luego de que el dictamen del proyecto de ley se había aprobado en primera votación. Como se recuerda, en mayo, luego de aprobarse la norma en segunda votación, el presidente Castillo observó la ley, justo el último día en que tenía plazo para hacerlo, y obligó al Parlamento a que la reexamine. Sin embargo, acabó siendo igualmente aprobada por insistencia.

No debe pasarse por alto que la nueva norma, aprobada por el Congreso, modificaba la política sobre imparcialidad en la supervisión de universidades, que viene desde hace más de diez años, cuando el Tribunal Constitucional emitió la sentencia del Expediente N° 0017-2008-AI/TC declarando la existencia de un estado de cosas inconstitucional de carácter estructural en el sistema educativo universitario; estableciendo que dicho estado de cosas solo podía ser reparado en un sentido mínimo con las decisiones adoptadas en la sentencia; y disponiendo, entre otros, la creación de una Superintendencia altamente especializada, objetivamente imparcial, y supervisada eficientemente por el Estado.

Luego que se aprobara la Ley Universitaria, fue cuestionada ante el Tribunal Constitucional (sentencias de los Expedientes N° 014-2014-PI y acumulados y del Expediente N° 023-2014-AI/TC). Los procesos de inconstitucionalidad a los que se sometió la Ley Universitaria, los artículos 1, 12, 15, 17 20, y la primera disposición complementaria final fueron declarados constitucionales, lo que significa que su modificación (pretendida por el Congreso de la República) afecta la cosa juzgada.

La sentencia fundada en este caso es inédita. Aunque existieron casos de demandas de amparo exitosas a finales de los años ochenta contra el proyecto de ley de estatización de la banca, es la primera vez que ello sucede con la actual Constitución de 1993.

Hasta ahora, el Tribunal Constitucional ha señalado que no proceden las demandas de amparo contra proyectos de ley, como ocurrió en este caso. Algunos podrían interpretar estos como un desacato del Poder Judicial al Tribunal Constitucional.

Por otro lado, también podría entenderse que existió un desacato del Congreso al Poder Judicial. La sentencia del caso Sunedu fue notificada el mismo 19 de julio y el Congreso tuvo pleno conocimiento de ello, pues incluso una parlamentaria, Flor Pablo Medina, presentó un oficio a la Presidenta del Congreso informando de la sentencia, como se difundió en el twitter de la citada congresista.

No obstante, dos días después, el 21 de julio de 2022, se publicó la Ley N ° 31520 en el diario oficial El peruano. Ante ello, ese mismo día, el Juzgado ordenó la inaplicación de la citada Ley N° 31520 para la Sunedu.

El Congreso apeló la sentencia. Sin embargo, al día siguiente, el 22 de julio, el Juzgado dispuso la actuación inmediata de la sentencia, es decir, su cumplimiento, lo que incluye la inaplicación de la norma, por más que se haya apelado. Además, la resolución que otorgó la actuación inmediata de sentencia es inimpugnable.

Un problema más complejo

Pero el tema va más allá. En el pasado, existieron diversas demandas de amparo relacionadas a actos parlamentarios, las cuales fueron declaradas acogidas por el Poder Judicial, el cual ordenó al Congreso declarar nulos los actos cuestionados, por ejemplo, contra políticos como Alan García o Javier Diez Canseco.

En esa línea, en el último año, se han dictado diversas resoluciones judiciales contra procedimientos del Congreso de la República. Por ejemplo, la decisión de suspender el procedimiento de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, la de suspender el procedimiento de elección del Defensor del Pueblo y la de suspender la tramitación de la denuncia constitucional contra el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones.

Todo ello son síntomas de un conflicto entre diversos jueces independientes y el Parlamento. Para lo cual, el Congreso ya ha decidido contraatacar con dos respuestas concretas.

La primera es modificar la ley para que un juez no pueda cuestionar mediante una sentencia de un proceso de amparo una decisión del Parlamento. Serían las Salas de las Cortes Superiores los órganos competentes en estos casos. Dicha ley ha sido observada por el Presidente Castillo pero es casi un hecho que será aprobada por insistencia.

La segunda es presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional contra el Poder Judicial por considerar que este, en los casos que se ha mencionado, se estaría produciendo una interferencia en sus funciones.

Anteriormente ya han existido casos en que se presentó una demanda competencial contra el Poder Judicial, por sentencias de amparo que favorecían irregularmente a casinos, tragamonedas y empresas pesqueras, pero en esa ocasión era el Poder Ejecutivo el que tomó cartas en el asunto. En este caso sería el Poder Legislativo y el inicio de un nuevo capítulo en este tipo de choque de poderes en nuestro Perú.

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